El abogado defensor Daniel Lara ha advertido a sus clientes sobre las recientes modificaciones a la Ley de Drogas en Chile, que reemplazarán al microtráfico en el caso de narcóticos peligrosos. A través de redes sociales, Lara expresó que “todos están cagaditos de miedo” y subrayó que muchos aún creen que si son detenidos con pequeñas cantidades de droga, no enfrentarán consecuencias, lo cual ha cambiado con la nueva legislación.
La Ley 21.817, publicada el 23 de mayo, introduce cambios significativos a la Ley 20.000, que regula el narcotráfico. Esta ley, que fue tramitada a partir de septiembre de 2022 por senadores de diferentes partidos, busca corregir las fallas de la legislación anterior, que no diferenciaba entre cantidades de drogas. Según un fiscal, esta modificación es una ley contracíclica que intenta abordar el problema del tráfico de drogas y su evolución en el país.
Antes, la antigua ley sancionaba el tráfico de drogas sin distinguir cantidades, lo que llevó a que muchos jueces consideraran a los portadores de pequeñas cantidades como consumidores. La nueva ley endurece las penas para drogas de alta peligrosidad, lo que significa que incluso poseer pequeñas cantidades de estas sustancias puede llevar a penas severas, como las del narcotráfico.
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Además, la modificación aún no ha entrado en vigencia, ya que el Ministerio de Seguridad debe actualizar el decreto que clasifica las drogas en un plazo de seis meses. Se crearán categorías para sustancias que produzcan dependencia física o psíquica y que causen graves efectos tóxicos, lo que ha generado incertidumbre entre fiscales y policías sobre cómo se aplicará la ley.
La abogada defensora Alicia Torres ha señalado que el uso de aplicaciones para coordinar la entrega de drogas puede ser un agravante que aumente las penas. “El celular ahora no va a ser un escondite virtual, va a ser el acelerador de tu condena”, advirtió, resaltando la seriedad de los cambios propuestos.
En resumen, los cambios a la Ley de Drogas han levantado un manto de preocupación entre los profesionales del derecho y las fuerzas de seguridad, quienes temen que la nueva legislación pueda conducir a una interpretación más severa respecto al tráfico de sustancias en el país.
