Una diferencia de casi un punto del PIB en el déficit proyectado, compromisos de gasto sin financiamiento identificado y una inconsistencia de más de US$10.500 millones en la deuda pública son los hechos que estructuran la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El texto, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, centra su argumento en una supuesta infracción a la Constitución y a las leyes que regulan la administración financiera del Estado, indicando un comportamiento irresponsable que afectó la billetera fiscal a pesar de múltiples advertencias.
El libelo, elaborado por el Partido Nacional Libertario, afirma que no se basa en interpretaciones políticas, sino en antecedentes técnicos contenidos en documentos oficiales del Estado, como el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025. Este informe proyectó un déficit de -1,8% del PIB para 2026, pero fue corregido a -2,9% del PIB, lo que representa una desviación significativa.
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Además, se menciona la omisión de gastos comprometidos, como el reajuste del sector público y mayores gastos en intereses. La acusación también señala que estas omisiones fueron advertidas por el Consejo Fiscal Autónomo, quien identificó presiones de gasto que no contaban con financiamiento plenamente identificado.
Otro punto crítico del libelo es la inconsistencia en la proyección de la deuda pública. Se sostiene que, mientras los déficits se profundizaron, la deuda bruta solo se incrementó en $3,9 billones, lo que genera una diferencia de aproximadamente US$10.500 millones no reflejados. Esto, según la acusación, supera el umbral prudente del 45% del PIB.
La acusación también destaca incumplimientos de la regla fiscal y advertencias ignoradas del Fondo Monetario Internacional. Se especifica que la responsabilidad del exministro no solo incluye sus acciones directas, sino también la supervisión de la Dirección de Presupuestos. En este contexto, se establece que la transparencia fiscal es una obligación legal que debe ser cumplida rigurosamente.
