El Presidente José Antonio Kast ha reafirmado su compromiso con una agenda de control migratorio más estricta durante su primera rendición de cuentas ante el Congreso Pleno en Valparaíso. En un discurso centrado en la seguridad en las zonas limítrofes del norte, Kast subrayó: “Lo dijimos en campaña y hoy lo volvemos a reiterar: quienes entraron por la ventana, de manera clandestina e ilegal, más pronto que tarde, van a tener que abandonar el país”. Esta declaración se enmarca dentro de un paquete legislativo que busca fortalecer el control migratorio y la capacidad de expulsión efectiva. El mandatario anunció la creación del “Plan Retorno”, un programa diseñado para incentivar la salida voluntaria de inmigrantes ilegales que residen en Chile. Sin embargo, Kast no ofreció detalles sobre los mecanismos económicos o administrativos que se implementarán para facilitar este proceso. Además, se prevé una ampliación de los plazos de retención de personas indocumentadas, que actualmente se limitan a cinco días, con el objetivo de resolver los obstáculos burocráticos existentes. A pesar de estas promesas, la viabilidad del objetivo de deportar a 330.000 inmigrantes irregulares sigue generando escepticismo entre expertos y la ciudadanía. Kast mencionó acciones previas, como la excavación de zanjas y el uso de drones, pero la falta de un cronograma financiero y logístico ha dejado en el aire la posibilidad de que estas medidas se traduzcan en resultados concretos. La presión aumenta en un contexto político complicado, donde la popularidad del Presidente ha decaído debido a la ausencia de logros tangibles en sus primeros meses de gestión. En medio de este panorama, el Presidente ha declarado que “declararemos una guerra total al crimen organizado”, vinculando el aumento en los homicidios con la actividad de bandas internacionales. Sin embargo, mientras Kast se dirigía al Congreso, la policía enfrentaba a manifestantes que protestaban contra los recortes presupuestarios propuestos en el marco del plan de austeridad del Gobierno. La situación genera un clima de incertidumbre respecto a cómo se implementarán estas políticas migratorias y su impacto en la sociedad chilena.
