La Corte Suprema de Chile ha decidido absolver a varios militares y policías en retiro de las acusaciones de apremios ilegítimos contra militantes del Partido Socialista (PS) en un caso ocurrido en el regimiento Cazadores de Valdivia tras el 11 de septiembre de 1973. La Segunda Sala del máximo tribunal emitió un fallo unánime en este sentido, generando diversas reacciones en la opinión pública.
Los acusados, entre los que se encuentran Patricio Alejandro Kellet Oyarzún y Bernardo O’Higgins de las Mercedes Puga Concha, argumentaron que su derecho a defensa se vio comprometido debido a la falta de claridad sobre el marco temporal en que se habrían cometido los delitos. Esta situación fue acogida por la Corte, que destacó la imprecisión de las acusaciones fiscales.
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En el fallo, se menciona que “se constata una seria imprecisión, vaguedad o indeterminación de las acusaciones”, lo que limita la capacidad de los acusados para defenderse adecuadamente. Los magistrados subrayaron que los delitos imputados requieren un espacio de tiempo definido para su configuración, algo que no fue presentado en el cuaderno de cargos.
Además, el tribunal enfatizó que la falta de especificidad en las acusaciones afecta la razonabilidad de la sentencia, limitando así los derechos fundamentales de los inculpados, como el de la libertad ambulatoria. Este caso pone de relieve las dificultades que enfrentan las víctimas y acusados en procesos judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Por otro lado, el ministro en visita, Álvaro Mesa, había señalado que los imputados habían detenido a militantes del PS bajo acusaciones de ser cabecillas de un plan de exterminio conocido como Plan Z. Se alega que estos militantes fueron sometidos a apremios físicos en el gimnasio del regimiento, lo que añade una capa de complejidad a la discusión sobre la justicia y la memoria histórica en el país.
