La Corte Suprema de Chile invalidó la sentencia que condenaba a varios militares y policías en retiro por apremios ilegítimos cometidos en el Regimiento Cazadores de Valdivia, después del 11 de septiembre de 1973. En un fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal absolvió a los acusados, señalando que no se había establecido un marco temporal claro para los delitos imputados, lo que limitó su derecho a defensa.
Los acusados, entre ellos Patricio Alejandro Kellet Oyarzún y otros, enfrentaban serias imprecisiones en las acusaciones fiscales. El tribunal destacó que los delitos en cuestión no son de carácter permanente y requieren, por tanto, un marco temporal definido para su correcta imputación. La falta de claridad en este aspecto afectó el derecho a la defensa de los inculpados.
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El fallo subrayó la importancia de garantizar un juicio justo, donde el principio de contradicción sea respetado. La Corte observó que la indeterminación de las acusaciones coartaba la facultad de contradicción de los acusados, afectando la posibilidad de ejercer su defensa de manera efectiva. Esto constituye una violación de principios fundamentales del derecho penal, que son esenciales en un Estado Democrático de Derecho.
Por último, la Corte concluyó que la falta de justificación clara sobre las imputaciones realizadas a los encartados afectó la razonabilidad de la sentencia. Este vicio en el proceso judicial no solo perjudica a los acusados, sino que también tiene implicaciones más amplias en el respeto a los derechos fundamentales y la legalidad en el ejercicio del poder punitivo estatal.
