El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, expresó su desacuerdo con el reciente traslado de tres reos comunes desde el Centro Penitenciario de Tiltil, anteriormente conocido como Punta Peuco. En declaraciones emitidas este domingo, Gajardo calificó esta medida como “una muy mala decisión” que representa un retroceso en la protección de los derechos humanos y en la eliminación de privilegios en el sistema penal del país.
Durante su participación en el programa Estado Nacional de TVN, Gajardo remarcó que este traslado va en contra de los avances logrados en administraciones anteriores, específicamente mencionando el cierre del penal Cordillera durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. “El presidente Piñera dio pasos importantes en reconocer que los crímenes durante la dictadura no se pueden justificar”, añadió el exministro.
El debate sobre si este cambio fue motivado por razones políticas o técnicas fue también parte de las declaraciones de Gajardo, quien enfatizó que el actual presidente, José Antonio Kast, junto a sus ministros, han indicado que se debería revertir la decisión tomada durante el gobierno de Gustavo Boric. “En la práctica, ha ocurrido eso”, subrayó, refiriéndose a la reciente reubicación de los reos.
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Por otra parte, Gajardo solicitó mayor transparencia por parte del Gobierno, sugiriendo que se debe comunicar abiertamente la postura respecto a los criminales de lesa humanidad y la necesidad de establecer un penal especial para ellos. “Para eso, habría que modificar el decreto que rige esta situación”, concluyó.
En cuanto a la posible conmutación de penas para condenados que cumplan ciertas condiciones, Gajardo expresó que sería un “acto de humanidad” avanzar en esta legislación. Además, destacó que los internos frecuentemente buscan mejorar sus condiciones penitenciarias a través de los tribunales.
Finalmente, Gajardo se mostró optimista respecto a las futuras políticas de justicia, tras una reunión con el actual ministro Fernando Rabat. En este sentido, espera que el Gobierno concrete los anuncios prometidos en materia de infraestructura carcelaria, que incluyen la construcción de nuevas plazas penitenciarias en los próximos años.
