El régimen de Irán ha sido acusado de extorsión tras anunciar que cobrará hasta dos millones de dólares por el cruce seguro del estrecho de Ormuz. Esta medida ha generado preocupación sobre la seguridad energética mundial y ha llevado a diversos actores, incluidos Estados Unidos y China, a oponerse al cobro. Irán justifica estas tarifas como reparaciones de guerra y por servicios de navegación, pero la comunidad internacional las califica de inaceptables.
Teherán está redactando un protocolo conjunto con Omán para exigir permisos a los barcos que deseen transitar por el estrecho. Sin embargo, los grandes actores del sector naviero se niegan a pagar estas tarifas, lo que ha llevado a que el Institute for the Study of War califique el sistema de peajes como un sistema mafioso. La situación se complica aún más con la resistencia de los países del Golfo y la presión del Departamento de Estado de EE. UU.
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Desde el punto de vista del derecho marítimo internacional, los estrechos naturales utilizados para la navegación deben permitir el paso en tránsito sin interferencias. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) establece que los países costeros solo pueden cobrar cargos limitados por servicios específicos, lo que no incluye peajes completos como los que intenta implementar Irán.
A pesar de que otros puntos estratégicos, como el Canal de Suez y el Canal de Panamá, cobran tarifas, estos son vías artificiales que requieren un mantenimiento costoso. En contraste, el estrecho de Ormuz es una vía natural, lo que hace que las tarifas impuestas por Irán sean aún más cuestionables. A medida que las tensiones continúan, la situación en Ormuz podría seguir siendo un obstáculo significativo en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, con implicaciones de gran alcance para la navegación internacional.
