El riesgo es que la extrema contingencia de los problemas de seguridad haga que el ministerio se deje seducir por la tentación de invertir su tiempo y energía en acciones de corto alcance. Por ejemplo, aparecer en los medios encabezando operativos policiales.
A 10 días del cambio de gabinete, parece un buen momento para reflexionar sobre los desafíos del nuevo ministro de Seguridad Pública. Uno central es la necesidad de desarrollar un plan de seguridad y las orientaciones básicas que debieran guiarlo. Es importante recordar que este ministerio es de reciente creación y su instalación lleva un poco más de un año, durante el cual se ha avanzado en la construcción de una nueva institucionalidad en seguridad pública.
Una tarea fundamental del nuevo ministro será entregarle continuidad a este proceso, reconociendo los avances realizados. Desde octubre de 2025, contamos con una Política Nacional de Seguridad Pública para el período 2025-2031, publicada en el _Diario Oficial_ en enero de 2026. Este desarrollo no es un capricho de la administración anterior, sino el cumplimiento de un mandato legal establecido en la ley que creó al ministerio (n.° 21.730), que además contó con amplia aprobación y consenso político.
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Es crucial que cualquier plan de seguridad que se elabore esté alineado con esta Política, como lo establece el artículo 27 de la Ley n.° 21.730. Esto no solo es un deber legal, sino que también busca construir una política de Estado en el área, asegurando que la estrategia se proyecte en el tiempo más allá de las contingencias políticas. La reciente postura del ministro Arrau de dar continuidad a esta Política es un paso positivo que debe complementarse con compromisos más específicos y concretos de implementación y evaluación.
Además, el desafío radica en no confundir un plan o estrategia con una extensa agenda de reformas legales. La ley puede ser parte de la solución, pero debe ir acompañada de una estrategia que incluya diagnósticos bien fundados y propuestas basadas en evidencia. Los datos muestran que entre 2016 y 2025 se presentaron 1.014 proyectos de ley en el área de seguridad, lo que indica que no es la falta de iniciativas legislativas el problema, sino la coherencia y la implementación de un plan más estructurado.
Finalmente, es esencial que el Ministerio de Seguridad Pública asuma una función centrada en la conducción estratégica y la coordinación intersectorial. El riesgo de actuar en base a acciones aisladas o cortoplacistas puede llevar a que las iniciativas no generen el impacto deseado. Por lo tanto, es necesario que se establezca una carta de navegación clara que integre las reformas legales con otras medidas y políticas públicas en el área, asegurando así un enfoque integral y eficaz en la seguridad pública.
