El Gobierno ha decidido abrir una revisión exhaustiva a cuatro reparticiones públicas debido a debilidades en sus mecanismos de control financiero. Las instituciones afectadas incluyen la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), la Subsecretaría de Transportes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Esta medida busca identificar posibles falencias en el uso de recursos públicos y ya ha dado pie a investigaciones administrativas.
Las indagatorias están siendo coordinadas por el Comité de Auditoría y Revisión Fiscal, impulsado por el Ejecutivo. En este contexto, las instituciones involucradas están comenzando a responder a los requerimientos solicitados. La ministra de la Mujer, Judith Marín, confirmó que han enviado antecedentes a la Contraloría General de la República. “Hemos comenzado las medidas de control al respecto, especialmente en la transferencia de convenios”, indicó la secretaria de Estado.
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Desde la Junaeb, se ha informado que se está procesando la información para ser remitida “en tiempo y forma” a las entidades correspondientes. Por su parte, desde la Subsecretaría de Transportes, se aseguró que la documentación requerida ya fue entregada al Comité de Auditoría, quedando a la espera de las resoluciones pertinentes.
La situación ha despertado preocupación en el Congreso, donde se están evaluando medidas de fiscalización adicionales. La diputada de la UDI, Constanza Hube, manifestó que la Cámara está considerando diversas herramientas de fiscalización, incluida la posibilidad de establecer una comisión investigadora. “El camino de las auditorías es el correcto. Evaluaremos todas las herramientas disponibles”, afirmó.
Además, la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, ha vinculado el caso con la creciente demanda ciudadana por mayor transparencia en el uso de recursos públicos. “Los chilenos quieren saber el resultado de las auditorías y qué ha sucedido con los fondos”, declaró Muñoz, haciendo hincapié en que la Junaeb está nuevamente bajo el escrutinio por posibles fraudes e irregularidades.
