El silencio del Servicio Electoral de Chile se convierte en un problema político y institucional, ya que no ha abierto una investigación interna contra su consejero Jorge Manzano Gouet. Esto ocurre a pesar de que la Fiscalía Metropolitana Oriente ha presentado antecedentes sobre un posible traspaso indebido de padrones electorales a la red vinculada a SocialTazk, una plataforma investigada por delitos electorales.
Mientras tanto, Joaquín Lavín León se encuentra en el centro de la controversia, sumando noches en Capitán Yáber. La indagatoria avanza, y los antecedentes no solo apuntan al uso irregular de bases de datos, sino también a la participación de Manzano, quien forma parte del Consejo Directivo del Servel. La falta de acción por parte del organismo fiscalizador plantea serias interrogantes sobre su compromiso con la transparencia y la legalidad.
Según fuentes internas, el Ministerio Público ha sostenido al menos dos reuniones con autoridades del Servel, donde se discutieron pruebas relacionadas con la indagatoria, incluyendo correos y chats que evidencian el traspaso de padrones electorales. Sin embargo, desde el interior del organismo se sostiene que no existe una comunicación formal del ente persecutor sobre la implicación de Manzano en la trama investigativa.
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Un hecho alarmante es que correos electrónicos revelan que en octubre de 2018, Manzano envió a Lavín León el padrón electoral completo del país, justo al inicio de SocialTazk. Esto ha llevado a cuestionar la responsabilidad de Manzano, quien ha sido un actor clave en la UDI durante décadas, y actualmente ocupa un asiento en el Consejo Directivo del Servel por diez años.
La situación se complica aún más al considerar que la legislación electoral prohíbe el uso comercial de esta información. Si se demuestra que Manzano conocía el destino de los padrones, esto podría acarrear infracciones a la normativa electoral, afectando tanto a él como a la UDI. A pesar de la magnitud del caso, el Servel aún no ha iniciado acciones públicas ni ha anunciado una investigación interna, lo que podría generar un escenario institucional complejo para el organismo.
La Fiscalía ya ha anunciado la intención de ampliar el desafuero de Lavín León para perseguir delitos electorales relacionados con el uso de bases de datos del Servel. Sin embargo, el silencio del Servicio Electoral frente a la gravedad de la situación es cada vez más cuestionado por expertos y actores políticos, lo que podría tener repercusiones significativas en la confianza pública hacia este organismo.