Este lunes comienza en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena uno de los juicios por corrupción municipal más relevantes en la Región de Coquimbo. Entre los 13 acusados se encuentra Nicole Cadena Munita, excoordinadora del Departamento de Salud de la Corporación Gabriel González Videla (CGGV), quien es señalada por la Fiscalía como una de las principales figuras detrás del millonario fraude investigado en la entidad.
La causa se centra en una presunta estructura organizada que, entre 2019 y 2024, habría defraudado cerca de $762 millones mediante la emisión de boletas por servicios inexistentes, facilitación de cuentas bancarias y devolución de dineros a quienes lideraban la operación. Sin embargo, investigaciones internas del municipio elevan el monto presuntamente defraudado por sobre los $1.400 millones.
Nicole Cadena ingresó a la Corporación GGV en 2015 bajo modalidad de honorarios y, tras un rápido ascenso, se convirtió en Coordinadora del Departamento de Salud. Entre sus responsabilidades se encontraban programas financiados con recursos públicos, como Vida Sana y Espacios Amigables. Su gestión fue reconocida por el Servicio de Salud Coquimbo y el Ministerio de Salud por “buenas prácticas e ideas innovadoras”.
Fantasilandia cierra en Santiago y se muda a San Bernardo
Sin embargo, comenzaron a surgir cuestionamientos internos respecto a su gestión. Investigaciones administrativas y judiciales indican que Cadena habría participado en la visación de boletas de honorarios y pagos a personas que no prestaron funciones reales. El caso se volvió público tras la detección de graves irregularidades por parte de la Contraloría, que concluyó que entre 2020 y 2021 se pagaron más de $761 millones a 19 personas que no trabajaron en la institución.
Además, las indagatorias también apuntan al rol de su pareja, Cristian Muñoz Fredes, quien controla varias sociedades privadas que recibieron pagos sin respaldo de prestaciones efectivas. Con el avance de la investigación, se han encontrado correos electrónicos y pagos vinculados a familiares y cercanos.
La exfuncionaria renunció en febrero de 2022, recibiendo una indemnización superior a los $16 millones, lo que generó fuertes cuestionamientos públicos. La Fiscalía Regional de Coquimbo sostiene que existió una red organizada para defraudar recursos públicos, afectando principalmente programas de salud primaria y atención de menores.
El juicio oral se espera que se extienda por varias semanas y será seguido de cerca por la comunidad serenense, dada la magnitud del impacto financiero y social en áreas sensibles como la salud y educación municipal.
