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Tensiones entre Fiscal Nacional y Ministra Steinert se intensifican

El distanciamiento entre el Fiscal Nacional y la exministra Steinert se agrava por episodios recientes.

La distancia entre el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se ha profundizado en los últimos días. Este quiebre se origina en una serie de episodios que han dejado en evidencia las tensiones entre ambos. La situación se complicó cuando una diputada afirmó que Steinert había encarcelado a “Los Gallegos”, un caso del cual ella no tenía relación, y que no ha desmentido públicamente, lo que ha generado más desconfianza en el ámbito fiscal.

El conflicto se intensificó aún más tras la renuncia de Steinert al Ministerio Público, la cual notificó por medio del chat de fiscales regionales. Esto ocurrió mientras la entonces vocera, Mara Sedini, revelaba que las negociaciones con el Gobierno habían comenzado “hace un buen tiempo”, lo que levantó dudas sobre la independencia de Steinert en su rol como fiscal regional. Esta falta de transparencia contribuyó a un ambiente de malestar dentro de la Fiscalía.

Las tensiones también se vieron reflejadas en el reciente caso de Consuelo Peña, exjefa de inteligencia de la PDI. Las diferencias surgieron en torno al operativo contra el “Clan Chen”, lo que provocó un distanciamiento más marcado entre Valencia y Steinert. Además, se ha reportado que Valencia no se ha reunido con Steinert, a diferencia de su relación con otras autoridades del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un quiebre en la comunicación.

Fiscales internos han expresado su malestar por el protagonismo que Steinert intenta asumir en investigaciones que no le corresponden, como las del Tren de Aragua y “Los Gallegos”. Un video de la diputada Macarena Santelices, que atribuye logros investigativos a Steinert, también ha contribuido a la tensión, ya que ella no ha corregido tales afirmaciones. Todo esto ha llevado a cuestionamientos sobre su gestión y ha generado un clima de incomodidad dentro de la Fiscalía, especialmente tras su declaración sobre la falta de un “plan de seguridad estructurado”, que es un requisito legal para su cargo.

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