Los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) han encontrado en el Tribunal Constitucional (TC) una nueva estrategia para evitar los cobros de la Tesorería General de la República (TGR). Al menos cinco deudores han presentado un requerimiento por inconstitucionalidad, argumentando que el Estado está utilizando un procedimiento tributario inapropiado para cobrar una deuda que no corresponde a un impuesto.
El núcleo del requerimiento radica en que los recurrentes sostienen que el CAE es un crédito avalado por el Estado, pero de naturaleza civil. Por ende, debería cobrarse mediante un juicio ejecutivo civil común en lugar de utilizar el sistema tributario especial. Esta acción ha generado un debate sobre la legalidad de los métodos de cobro aplicados por la TGR.
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Abogados constitucionalistas están observando de cerca esta situación. Según Camila Cárdenas, directora de SoyTrabajo, la estrategia podría tener éxito si se revisa caso por caso. Sin embargo, el abogado Marcelo Brunet advierte que, a pesar de la posible base jurídica, los requerimientos no resolverán el problema de los morosos en general.
Este nuevo enfoque se suma a los intentos anteriores de los deudores por detener los cobros. En diferentes Cortes de Apelaciones, se declararon inadmisibles 239 recursos, lo que representa un 74% de desestimación a los intentos de frenar la cobranza. La Contraloría también ha intervenido, deteniendo el cobro de impuestos a un deudor específico, aunque la TGR ha aclarado que esto no limita sus facultades de cobranza respecto a las deudas del CAE.
En el ámbito político, la acción de los deudores ha suscitado diversas reacciones. El diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, ha respaldado los esfuerzos de los morosos, mientras que su par de la UDI, Ricardo Neumann, critica estas iniciativas, afirmando que el cobro de la deuda está establecido por ley y debe cumplirse. A medida que los números de morosos siguen creciendo, los deudores buscan alternativas para frenar estos cobros.
