La crisis diplomática entre Bolivia y Colombia se intensificó tras la decisión del gobierno boliviano, liderado por el presidente Rodrigo Paz, de expulsar a la embajadora colombiana, Elizabeth García. Esta medida se tomó después de las reiteradas declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, consideradas como injerencia en los asuntos internos de Bolivia. Sin embargo, la Cancillería boliviana aclaró que esta decisión no implica una ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia reafirmó su compromiso de mantener abiertos los canales diplomáticos, basándose en el respeto mutuo y el derecho internacional. El canciller Fernando Aramayo enfatizó que la acción busca preservar la soberanía y los principios de no injerencia, elementos fundamentales para la convivencia internacional.
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Por su parte, Gustavo Petro defendió su postura en redes sociales, afirmando que Bolivia está “pasando a extremismos” y advirtiendo sobre la posibilidad de una masacre poblacional si no se abre un diálogo nacional. En sus mensajes, el mandatario colombiano también solicitó a Estados Unidos que no actuara contra el expresidente boliviano Evo Morales, quien enfrenta múltiples acusaciones judiciales.
Evo Morales, en respuesta a la expulsión de la embajadora, criticó al gobierno boliviano por lo que describió como “diplomacia hipócrita”, cuestionando por qué no se toman acciones similares contra diplomáticos de otras naciones. En medio de este conflicto, Bolivia ha presentado su situación ante la OEA, pidiendo respaldo para preservar el orden democrático y denunciando intentos de desestabilización política.
Finalmente, la situación en Bolivia sigue tensa, con bloqueos en varias ciudades y un ambiente de incertidumbre. Las autoridades bolivianas han instado a la comunidad internacional a respaldar su gobierno y condenar cualquier forma de violencia política, mientras que la OEA ha manifestado su disposición para colaborar en la resolución del conflicto.
