El Fiscal Nacional subrogante y fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, aclaró el rol del Gobierno en los recientes operativos en Temucuicui, afirmando que el Ejecutivo no tuvo participación en la detención de Jorge Huenchullán. Esta declaración surge tras las críticas a las manifestaciones del Presidente José Antonio Kast y la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quienes alabaron la intervención policial en el territorio mapuche después de años de inactividad en la zona.
Garrido explicó en una entrevista con Radio Universo que las decisiones operativas se gestionan exclusivamente entre la Fiscalía y las fuerzas policiales. “La coordinación que nosotros tenemos directamente siempre es con Carabineros y la Policía de Investigaciones”, subrayó el fiscal, quien enfatizó que el Gobierno no es informado previamente sobre estos procedimientos, ya que no tienen intervención en ellos.
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El fiscal subrayó que la comunicación con el Ejecutivo ocurre solo después de que los operativos han sido ejecutados. “Normalmente a las primeras horas de la mañana las autoridades policiales dan cuenta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad de las cuestiones relevantes, pero una vez que ya está ejecutado el operativo”, detalló Garrido. Explicó que este tipo de comunicación es necesaria principalmente por razones administrativas o judiciales.
En relación a los comentarios del Presidente Kast y la ministra Steinert, Garrido evitó profundizar en las críticas de “alardeo” o “apropiación” política del procedimiento, aunque reafirmó la necesidad de separar las investigaciones penales del debate político. “Los tiempos de la investigación de la Fiscalía no responden a los tiempos políticos”, afirmó. Además, destacó que la problemática de violencia y criminalidad en la Zona Sur trasciende las diferencias políticas, señalando que la coordinación debe ser constante, independientemente del gobierno de turno.
Jorge Huenchullán fue detenido durante la denominada “Operación Tridente”, que se llevó a cabo en la madrugada del martes con la participación de la PDI, Carabineros y el Ejército. El comunero enfrentaba órdenes de detención por delitos relacionados con tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y usurpación no violenta.
