Esta semana se inicia el trámite constitucional del proyecto de ley que implementará un mecanismo de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), impulsado por el Ejecutivo y el Partido de la Gente (PDG). La propuesta tiene como objetivo compensar parte del gasto en insumos esenciales, como pañales y medicamentos, para los sectores más vulnerables del país.
El costo fiscal estimado de esta iniciativa alcanzaría los 100 millones de dólares durante su primer año de implementación. Aunque ha recibido respaldo de sus impulsores, también ha generado críticas desde otros sectores políticos. En particular, la bancada socialista aboga por una reforma constitucional como alternativa a la propuesta actual.
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La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, expresó su rechazo a la iniciativa del Gobierno, argumentando que “no es razonable que en Chile una familia pague el 19% del IVA por alimentos básicos, medicamentos o productos esenciales”. A pesar de esto, la colaboración entre el PDG y el Ejecutivo ha sido clave para que el proyecto sea discutido en el Congreso.
El jefe de bancada del PDG, Juan Valenzuela, valoró la disposición del Gobierno para examinar la moción y asegurar los votos necesarios en su primer trámite en el Parlamento. A medida que el proyecto avanza, expertos han realizado una evaluación positiva de la propuesta, aunque con ciertas advertencias.
El economista William Díaz afirmó que el proyecto podría beneficiar a un buen segmento de la población, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Entre ellas, pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) y adquirir los productos en el comercio formal con boleta electrónica y certificación médica vigente.
