El concejo municipal de Las Condes se encuentra en una encrucijada tras recibir un oficio de la Contraloría General de la República que solicita un pronunciamiento sobre las irregularidades en la gestión de la exalcaldesa Daniela Peñaloza (UDI). Este oficio se deriva de una sanción impuesta en noviembre de 2025, relacionada con la controvertida compra de un Centro de Salud Familiar (Cesfam), que ha generado un intenso debate entre los concejales.
Este jueves, los ediles deberán decidir si llevarán a Peñaloza ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), donde se podría pedir su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. Esta propuesta ha generado tensiones, especialmente entre los concejales de la UDI, quienes tienen cercanía con la exalcaldesa y su partido, Chile Vamos.
Según el artículo 60 de la Ley 18.695, un tercio del concejo puede solicitar acudir al tribunal electoral. El concejal Richard Kouyoumdjian (RN) ha enfatizado la necesidad de que el caso de Peñaloza se resuelva en el ámbito judicial, dado que el sumario de la Contraloría la responsabiliza de siete cargos relacionados con faltas a la probidad.
Por otro lado, el concejal Guillermo Ureta (UDI) ha manifestado su desacuerdo con la premisa de que el concejo esté obligado a tomar una decisión formal sobre el asunto. Argumenta que el oficio de la Contraloría no implica una exigencia de pronunciamiento y que el concejo debería limitarse a informar sobre los antecedentes sin asumir una responsabilidad que no le compete.
La concejala Nayati Mahmoud (Frente Amplio) ha manifestado que la situación es crucial para demostrar el compromiso del concejo con la probidad y la transparencia, instando a tomar decisiones firmes y no dilatar el proceso. Mientras tanto, la actual alcaldesa Catalina San Martín evitó pronunciarse, dado que la decisión recae completamente en el concejo municipal.
Con la llegada de nuevos ediles republicanos, el concejo se prepara para una jornada decisiva donde se debatirá no solo el futuro político de Peñaloza, sino también la imagen de la gestión en Las Condes y la respuesta a las irregularidades detectadas en la administración anterior.
