La Corte de Apelaciones de Santiago ha declarado admisible el recurso de amparo presentado por el exdiputado Joaquín Lavín León. Este recurso busca revertir la medida cautelar de prisión preventiva impuesta por el juez Daniel Urrutia, quien formalizó al exparlamentario por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
Lavín, quien actualmente cumple su pena en el anexo penitenciario Capitán Yáber, argumenta que la decisión del juez fue “arbitraria e ilegal”. La defensa, liderada por el abogado Cristián Bonacic, alega que la resolución no consideró adecuadamente los argumentos y atenuantes planteados durante la formalización.
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Entre los puntos destacados en el recurso, se menciona que Lavín fue formalizado por delitos no relacionados con su función como parlamentario, y se cuestiona la forma en que el juez Urrutia transcribió partes de la minuta de formalización presentada por el Ministerio Público. La defensa sostiene que esta práctica influenció en la decisión sobre la prisión preventiva, transformándola en arbitraria.
El recurso fue admitido en una decisión dividida, lo que podría abrir la puerta a una revisión más exhaustiva del caso. La discusión sobre los posibles efectos de esta decisión judicial sigue en desarrollo, mientras Lavín espera una resolución favorable que le permita evitar la prisión preventiva impuesta.
Este caso ha captado la atención mediática, no solo por la figura de Joaquín Lavín, sino también por las implicancias legales que podría tener en el sistema judicial chileno.
